Gratuidad y presupuesto

El reciente debate sobre el financiamiento para la educación superior revela que sigue ausente en nuestro país una concepción de la política como un arte, pero en un sentido aristotélico de diálogo virtuoso con un fin social de bien público. Hemos alcanzado como sociedad un amplio consenso en que debe existir acceso irrestricto a la educación superior para todos los estudiantes meritorios sin capacidad de pago, promover la calidad institucional en todas sus dimensiones y entregar un fuerte apoyo a la generación de bienes públicos vía investigación e innovación. Pero la discusión y los resultados del debate de la Ley de Presupuesto sobre educación superior dejan un sabor amargo. No se puede recriminar a Chile Vamos por exponer la tesis de inconstitucionalidad dada la discriminación evidente que existe en las becas de arancel para los estudiantes no Cruch. Pero esta discriminación existía hace muchos años y nunca fue objeto de recurso alguno. ¿Es que recién ahora se dieron cuenta? Se dirá que así es la política, una combinación de estrategia y de “momentum”; y es cierto, pero convengamos que en Chile abunda una política reactiva y cortoplacista y solo a veces con altura de miras. En este caso, brillaron por su ausencia variados temas tanto o más relevantes. En la práctica, se arribó a un acuerdo al crearse 3.500 becas completas, sin diferenciación, para universidades privadas y algunas para la educación técnico-profesional. Los abrazos y la manida frase de que ganó el país, parecen desmesurados. Desde luego, es un logro bien exiguo si consideramos que los estudiantes universitarios elegibles que hoy reciben becas “discriminadas” son del orden de los 35 mil, que se añaden a los estudiantes del ámbito técnico profesional que son alrededor de 90 mil. O sea, la cobertura que se negoció fue menos de un 3% del total. ¿Que hubo un compromiso para igualar todas las becas el año 2019? Pura ilusión. Para esa fecha habrá un nuevo Congreso y un nuevo gobierno. ¿Y hubo más debate? ¿Se discutieron los efectos del término del AFI sobre los presupuestos de las instituciones? ¿Se analizó cómo se avanza en la creación de nuevo conocimiento si los fondos para la investigación siguen congelados? ¿Alguien cuestionó la exigua cantidad de recursos que se otorga a promover la educación superior a nivel regional? Y respecto a la gratuidad, ¿se destinó algún tiempo a evaluar el impacto económico de la gratuidad en las instituciones adscritas a este modelo, considerando que las compensaciones que reciben generan importantes brechas financieras? Nada se dijo. Solo hubo un gallito final de las universidades estatales para elevar sus aportes en una negociación final que tuvo mucho de “piñata” para dejar contentos a todos. De este modo, se cerró un nuevo capítulo presupuestario con la satisfacción de los legisladores que negociaron el acuerdo y los berrinches de otros que acusaron de chantaje a la oposición. Pero sí quedo la inquietud de muchas universidades, CFT e IP que siguen tensionados por un futuro incierto, agravado por la tramitación de un proyecto de reforma que ofrece un panorama aún más oscuro. Columna publicada en La Tercera.