Gratuidad universitaria: una falsa promesa

El proyecto de ley sobre financiamiento institucional para la gratuidad que se tramita en el Congreso revela las dos almas que conviven en la Nueva Mayoría. El Gobierno ha seguido una estrategia que consiste en tratar de dejar contentos a todos. Por una parte, consignar en la ley el camino hacia la gratuidad universal y acallar las voces de quienes acusan de falta de voluntad política para dar curso a lo que sectores de izquierda reclaman: la educación superior como un derecho social irrenunciable para todos, cueste lo que cueste. Pero al mismo tiempo dar en el gusto al ala más conservadora de la Nueva Mayoría, con apoyo de Hacienda, en el sentido de atar el avance de la gratuidad a un salto importante en los ingresos fiscales lo que exigiría posiblemente una drástica reforma tributaria. Así las cosas, pareciera que el Gobierno cumple, deja grabada en la ley la gratuidad universal, pero le pone condiciones que para algunos la hacen parecer como un sueño utópico. Y por eso el progresismo de izquierda siente que no se cumple la promesa y amenaza con seguir las marchas y no cejar en su empeño de una gratuidad universal “aquí y ahora”. Lo llamativo en este juego político, es que pasan desapercibidas las penurias económicas para las universidades invitadas, incluso antes de la gratuidad universal, en la transición. El Gobierno se ufana declarando que, si bien no puede comprometerse a una gratuidad universal aquí y ahora, al menos desea acercarse a la meta programática prometiendo la gratuidad para el 60% de los estudiantes de menores ingresos. Pero esta es una engañosa promesa. Porque la gratuidad para el 60% de los estudiantes de menores recursos en universidades acreditadas debiera ser, en justicia, como dijo la Primera Mandataria, “estén donde estén”. Pero en la práctica no es posible cumplir con dicho objetivo, porque paralelamente se obliga a muchas universidades a cofinanciar esta promesa para los estudiantes elegibles, poniendo exigencias adicionales de fijación de aranceles para el resto de los jóvenes, lo que grava a tal nivel sus ingresos que hacen imposible que se sumen a esta defectuosa política pública. Y para las que están en gratuidad, el agobio de las brechas financieras en muchas de ellas las pone frente al dilema de mantenerse y asumir el costo con posible deterioro de la calidad o, lisa y llanamente, retirarse. Un estudio de Clapes UC estima que las 10 universidades actualmente en gratuidad tendrían un aumento de costos por las nuevas reglas por alrededor de $43.000 millones y si quisieran participar las que están fuera, las 10 más importantes tendrían que soportar un costo varias veces mayor que las mantendría marginadas. En consecuencia, la gratuidad no pasa de ser ilusión para miles de estudiantes, porque al final coexistirán instituciones con y sin gratuidad perpetuando la idea de que en Chile jóvenes en igual condición de pobreza reciben desigual trato por parte del Estado. Columna publicada en La Segunda.