El fallo del TC y el jaque a un mal diseño

El gobierno busca afanosamente la fórmula “mágica” que haga cuadrar las cifras presupuestarias para la gratuidad, respetando las exigencias impuestas por el TC de “no discriminación arbitraria”, que exhibe la discutida glosa. Tiene varios problemas. Desde luego, ser imaginativo adivinando como sería el fallo, cuya fecha máxima coincide con el plazo de las instituciones para responder si se adscriben o no que, a su vez, estará a horas del momento de la postulaciones. Lo cierto es que el Gobierno está en una aflictiva situación y la gratuidad comienza a parecer una verdadera pesadilla. El fallo del TC debe ser consistente con sus tesis de discriminación arbitraria. El nudo gordiano de la glosa no es la exigencia de acreditación de 4 años, que propende a incentivar la calidad, sino que son los requisitos que pesan sobre la organización jurídica de las instituciones no CRUCH excluidas. Específicamente la existencia de sociedades comerciales y la presunción del lucro. Si el fallo obliga a reconsiderar esta discriminación, porque en esta materia las instituciones excluidas cumplen con la ley, guste o no, la elegibilidad crece, pero el potencial de la gratuidad excedería los recursos disponibles. Con tiempo, la autoridad podría testear la demanda y “negociar” con cada cual la adscripción a la gratuidad. Para algunas de ellas la gratuidad es un presente griego porque se eliminan los aranceles y se les genera un déficit, además de ceder autonomía en el financiamiento, por lo que rechazarían la invitación. Por lo tanto, el Gobierno puede negociar y tantear el terreno financiero, pero es casi seguro que con la limitada capacidad de gestión que ha mostrado en estos meses, es improbable que lo haga bien. Además, sonó la campana y se le acabó el tiempo para actuar sin prisas, que tanto se echa de menos. Por eso se buscan fórmulas rápidas, simples y que sean del gusto del TC. Una es cambiar la fórmula actual de un aporte por alumno a un traspaso directo a cada institución que el Gobierno decida invitar. Una suerte de aporte fiscal directo para las del CRUCH con 4 años de acreditación. Pero se caen tres universidades estatales que están por debajo de ese umbral. La iracunda reacción del Rector de la U. de Chile  que como fiel mosquetero asegura que si no van “todas” las estatales no va “ninguna”, no es una amenaza creíble, pero contamina un ambiente cada vez más tóxico para el Gobierno. Además, si invita a nuevas privadas se echa encima a la izquierda, que reacciona indignada frente a la posibilidad de financiar en ellas un supuesto lucro. Lo que parece estar descartado es reducir el porcentaje de alumnos vulnerables que cubre la gratuidad, bajando  al 30 o 40%. Algo que desde el principio hacía todo sentido cuando se vio que las platas no cuadraban, pero que impactaría aún más en la deteriorada imagen de un gobierno que aseguró el 21 de Mayo gratuidad para un 60% de los estudiantes vulnerables y que perdió varios grados de libertad.  No tiene margen para actuar. En suma, todos los escenarios son políticamente malos para el Gobierno y explica la desesperación de culpar a la derecha por la desprolijidad de una iniciativa que tiene como único responsable al propio Gobierno y que dará para ejemplo de texto de cómo no hacer políticas públicas. *Columna publicada en La Tercera