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Desastres naturales y sustentabilidad económica

30 de mayo del 2015


La vulnerabilidad a las amenazas naturales es un tema que no hemos podido solucionar definitivamente; es más, en las últimas décadas la expansión urbana vertiginosa -y muchas veces desorganizada- va justo en la dirección contraria, tal como ha quedado al descubierto en los últimos aluviones, inundaciones, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas e incendios. El impacto en la vida de las personas es tremendo, no solo por las lamentables fallecimientos de personas, sino por el efecto en la calidad de vida de las familias damnificadas. Pero, también tienen un significativo impacto económico. Por ejemplo, según el Banco Mundial y el FMI, el terremoto del 2011 en Japón produjo un impacto valorado en 230 billones de dólares, un 4.1% del PIB de este importante país asiático. El huracán Katrina produjo un efecto estimado en 160 billones de dólares, un 1.0% del PIB de Estados Unidos. El terremoto de Chile del 2010 produjo un impacto económico de 30 billones de dólares, que significó un 13,8% del PIB, proporcionalmente mucho más significativo que los grandes impactos de los países desarrollados. Estos impactos negativos, pasan a ser muy relevantes en un país como Chile, que ha concentrado la mayor parte de las emergencias por desastres naturales de Sudamérica. El terremoto recién mencionado, los aluviones del norte, los incendios de Valparaíso y la Araucania, la erupción del volcán Chaitén, los sismos del norte, son sólo algunos de los casos que componen la larga lista de desastres naturales acontecidos en Chile. Según estimaciones del BID, en 20 años, el Fisco ha desembolsado en estos desastres más de US$200 millones en promedio al año y debió ayudar a más de 350 mil damnificados, convirtiéndonos así en el país que más gasta al año en emergencias en Latinoamérica. Para minimizar los riesgos y las pérdidas que traen consigo los eventos naturales que condicionan nuestro territorio, es necesario seguir avanzando y reforzando las políticas públicas preventiva. Es imprescindible contar con políticas que apunten a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura física en dichas zonas, mediante planes de mitigación preventivos, en complemento de políticas de emergencia implementadas una vez ocurrido el evento. Entendiendo el problema en su contexto sistémico, es fundamental diseñar estrategias de mantenimiento e incluso redundancia en la red que permitan reducir los efectos negativos en la ciudadanía. La aplicación de políticas preventivas ha demostrado internacionalmente ser más efectiva y de un costo bastante menor que aplicar medidas de rehabilitación y reconstrucción, esto sumado a la incalculable reducción de pérdidas de vidas humanas y costos sociales asociados a la pérdida de viviendas y de conectividad, entre otros. Por ello, se requiere una evaluación de riesgos y consecuencias de los posibles desastres sobre los planes de urbanismo, en las zonas de alto peligro donde viven miles de familias, y en las conectividades. Chile ya cuenta con diferentes mecanismos para manejar los riesgos ante las amenazas naturales, entre ellos la planificación territorial del uso del suelo, las medidas preventivas y de emergencia, así como las de recuperación de las viviendas e infraestructuras afectadas. Sin embargo, dichos mecanismos requieren interactuar entre sí, con una población informada y con alternativas claras de acción frente a los mismos. Después del 27/F muchas obras fueron levantadas en beneficio de la prevención, como los planes de desarrollo urbano en zonas afectadas por el maremoto, los sistemas de agua potable rural que resisten mejor los terremotos, puentes y viviendas mejor preparados para estas circunstancias, con sus respectivas vías y zonas de evacuación en caso de emergencia. Pero Chile requiere seguir avanzando por este camino. Un avance importante en esta dirección es una institucionalidad encargada de la prevención, del manejo de la emergencia, del diagnóstico de los daños y de la formulación de acciones de mitigación, sumado a la coordinación de las diversas instituciones públicas y privadas que intervienen en la respuesta y articulación de cadenas de abastecimiento para la población. El desafío de crear y establecer un nuevo sistema nacional de prevención, emergencia y protección civil responde a un tema que demanda un esfuerzo país. El gobierno del Presidente Sebastián Piñera dejo enviado un proyecto de ley que establecía el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y creaba la Agencia Nacional de Protección Civil., que debiera avanzar en la discusión parlamentaria. Los últimos embates de la naturaleza son duras experiencias que urgen por un cambio del modelo de gestión de riesgo. Sólo si los actores nacionales combaten el déficit institucional, basándose en un modelo que pase de la reacción a la prevención, avanzaremos como sociedad; de lo contrario, esperemos que no sean muchos los compatriotas que tengan que lamentar profundamente los efectos de los desastres naturales, que cada cierto tiempo golpean al país. Publicada en el Diario Financiero.
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Columna

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Cambio Climático
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Hernán de Solminihac

Ing. Civil UC. MSc. y Ph.D. U. de Texas (EE.UU.). Exministro de Minería y Obras Públicas. Profesor Titular Facultad de Ingeniería UC

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