¿Cuánto debe ganar un parlamentario?

El tema genera polémica y cierta incomodidad en el mundo parlamentario. Desde las declaraciones de un honorable que defiende el monto, aludiendo que nadie se ruboriza cuando un futbolista gana cien millones al mes, hasta la moción presentada por un par de diputados que indexa la remuneración de la labor legislativa a una cierta cantidad de sueldos mínimos. Entre estos extremos surge la necesidad de abordar el asunto con otra mirada. Partamos con algo de historia. En 1814 la Constitución mandataba que los servicios de los integrantes del Senado serían “sin más sueldo que la gratitud de la Patria” y en 1924 la discusión de su remuneración generó tal indignación que terminó con el conocido ruido de sables de la oficialidad del Ejército. Es la Constitución del 80 la que determinó que los congresistas percibirían, como única renta, una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, que en la actualidad alcanza los $6.580.000 líquidos de libre disposición. Se asume que este monto viene a “compensar” las restricciones que afectan a este grupo de ciudadanos en virtud de todas las causales de incapacidad que el ejercicio parlamentario conlleva. Los impedimentos propios del cargo de diputado y senador son variados, los que pretenden aislarlos de la mejor manera posible de toda interferencia y conflicto de interés externos que pudieran colisionar con la compleja tarea de legislar, representar y fiscalizar que por mandato constitucional están destinados a cumplir. Como país, deberíamos aspirar a fijar una remuneración que conjugue la necesaria austeridad republicana con la dignidad de la función parlamentaria, motivando a personas que cuenten con una sólida preparación a ingresar a la arena política sin pretender equiparar las remuneraciones del mundo privado, pero reconociendo debidamente la labor efectuada. Por eso es que proponemos un sistema de proporcionalidad y razonabilidad entre las remuneraciones de quienes se desempeñan en cualquiera de los tres poderes del Estado. Un primer paso sería un reordenamiento de las remuneraciones del Poder Legislativo inspirado en una antigua reforma constitucional: que los parlamentarios perciban un sueldo equivalente al de los ministros de cortes de apelaciones -en el caso de los diputados- y al de los ministros de la Corte Suprema en el caso de los senadores. La actual asimilación que hace nuestra Constitución entre 158 parlamentarios y 23 ministros de Estado nos parece extemporánea. A mayor responsabilidad, mayor debería ser la remuneración. Además, hay que considerar que los ministros son nombrados y removidos a sola voluntad del Presidente, por lo que no cuentan con la relativa “seguridad en el empleo” de cuatro u ocho años de que gozan los parlamentarios. De esta forma, conjugar un sistema que reconozca las diferencias señaladas pero que, a su vez, imponga coherencia e igualdad con el resto de los poderes del Estado será muy bienvenido en los tiempos que corren. Columna publicada en el diario Pulso.