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Argentina: reducir el gasto público para crecer

20 de marzo del 2018


Un reciente reporte de The Economist Intelligence Unit señala que la política monetaria en Argentina enfrentará un escenario complicado este año. Los nuevos recortes a los subsidios energéticos, las alzas del dólar y la inercia en las negociaciones salariales son factores que están alimentando las expectativas de inflación. Ello deja poco espacio a futuras bajas en la tasa de interés de referencia, más conocida como tasa de política monetaria (TPM), usada como instrumento para controlar la inflación y afectar la actividad económica. Cuando la autoridad monetaria pretende reducir la tasa de inflación, actúa en el mercado del dinero quitando liquidez, lo que hace subir la tasa de interés. De esta manera la política monetaria se “endurece”, encareciendo el crédito al consumo y desalentando la inversión. Así, se produce una caída de la demanda interna y de la tasa de inflación. Lo contrario sucede cuando la actividad económica está deprimida; el banco central toma medidas para aumentar la liquidez, reduciendo así la TPM y con ello estimulando el consumo y la inversión. En este último escenario, por lo tanto, es común observar aumentos en el nivel de precios como resultado de una mayor demanda. El contexto actual en el país trasandino deja a la política monetaria en una disyuntiva: un endurecimiento de la misma provocaría significativas contracciones en la actividad económica, pero un relajamiento sólo alimentaría una inflación que ya es elevada. La única alternativa viable es la que ya se viene señalando desde que comenzó la gestión de Mauricio Macri: una considerable reducción del déficit fiscal. Esto permitiría reducir la emisión monetaria para financiarlo, conduciendo así, a un proceso de desinflación más rápido y a la posibilidad de futuras bajas de la TPM. El gasto total del sector público se compone de gastos corrientes, de capital y de intereses. El gasto corriente comprende prestaciones sociales, subsidios a la energía, transporte, sueldos, entre otras. El gasto de capital incluye inversiones en energía, vivienda, transporte, educación y otros. Estas dos categorías de gastos comprenden el gasto primario, que restado de los ingresos totales del sector público nos da el resultado primario. El año 2017, el sector público nacional cerró con un déficit primario de 19.950 millones de dólares. No obstante, tomando en cuenta los intereses pagados por la deuda pública, dicho déficit fue de 31.062 millones de dólares. El plan de reducir los gastos de funcionamiento del Estado es acertado ya que estos equivalen a casi un 20% del gasto primario. Sin embargo, no será suficiente ya que las prestaciones sociales, las cuales incluyen jubilaciones, asignaciones familiares, pensiones no contributivas y otras, son la categoría de mayor peso dentro del gasto primario al constituirse en un 50% del mismo. El programa de recorte debe lograr que los ingresos del Estado alcancen para cubrir el gasto primario y de intereses, para de esta manera estabilizar al país en un nivel de deuda sostenible y sin tener que recurrir al financiamiento vía inflación. Así, la Argentina tendrá grandes posibilidades de encaminarse en una senda de crecimiento sostenible, ya que evitará encontrase con sus habituales y dolorosas crisis de inflación o deuda. Columna publicada en La Tercera.
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Prensa Escrita

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Columna

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Economía Internacional

publicColaboración con Instituciones Internacionales

Universidad Católica de Cuyo
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Agustín García

Economista de la U. Católica de Cuyo. Magíster en Economía UC

publicInstituciones Internacionales

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