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Columnas

Argentina: condenada al fracaso

En las elecciones primarias en Argentina se esperaba una pequeña diferencia entre el candidato del ajuste y el candidato del populismo; sin embargo, el resultado fue ampliamente favorable al segundo. Sorpresa, pero que se alinea con una lógica histórica: el electorado argentino siempre votó con el bolsillo, aun a costas de hipotecar el futuro.

El camino productivo que comenzó Argentina en 1853 le permitió alcanzar a comienzos del siglo XX un producto percápita muy superior al de muchas economías europeas, tales como Alemania, Francia o Italia. Sin embargo, la fragilidad del sistema político transformó al país en tierra fértil para golpes de Estado y cambios anticipados de gobierno, algo que hizo germinar la semilla del cortoplacismo.

En los últimos 90 años, Argentina tuvo 34 presidentes, en contraste con los 17 que debería haber tenido si se hubiera cumplido la duración de mandatos establecida por su constitución. La literatura señala que los cambios frecuentes de administración acortan los horizontes de política económica, lo que desmotiva la adopción de políticas que aseguren buenos resultados de crecimiento en el largo plazo (Aisen y Veiga, 2013).

Un ejemplo de lo anterior es el aumento de gasto público para satisfacer las demandas populares y garantizar la gobernabilidad. Después de la caída de Fernando de la Rúa en 2001, y la sucesión de presidentes interinos, llegó al poder un gobierno que aumentó los subsidios energéticos, el empleo público y el gasto en pensiones. Tal combo de políticas aumentó el consumo de forma notable y les permitió mantenerse en el poder durante 12 años. Pero no fue gratis. La duplicación del gasto público entre 2002 y 2015 trajo como consecuencia un inédito aumento de la carga tributaria sobre el producto (del 20,5 % al 35,4 %) y la reaparición de la inflación tras más de una década de estabilidad de precios.

El Presidente Mauricio Macri tuvo que empezar el trabajo que nadie quiere hacer: sincerar la economía con ajustes tarifarios y recortes del gasto público. El esfuerzo ha sido considerable: si en 2015 el déficit fiscal alcanzaba 6% del PIB, las últimas proyecciones del FMI señalan que 2019 va a cerrar con una cifra de 3%.

El camino emprendido es el correcto, porque en el largo plazo termina eliminando la consecuencia principal de los desbalances de la economía que erosionan el poder adquisitivo, tales como la presión cambiaria y la inflación. Pero el problema está a la vista: la solución demanda un horizonte de largo plazo.

La derrota del actual gobierno argentino se explica porque encaró un camino gradual para eliminar la inflación alta, pero el electorado quería una reducción rápida y sin costos. Esto último no solo es imposible, sino que además garantiza el fracaso: el populismo lo promete y la sociedad lo compra.